Desde el año 2014 la economía española ha crecido ininterrumpidamente, sin que este incremento de la actividad económica haya llegado a los trabajadores y trabajadoras y a la mayoría social a pesar de haber sido quienes más han sufrido los efectos de la crisis y de las políticas de austeridad impuestas para gestionarla. Esta constatación, ampliamente compartida por la sociedad, motivó que el movimiento sindical centrase sus reivindicaciones en exigir el reparto de la riqueza que se ha empezado a generar y en la recuperación de los derechos sociales y laborales arrebatados en estos años.
Con estos objetivos enfrentamos la negociación con los representantes empresariales en torno al Acuerdo de Negociación Colectiva.
Las negociaciones con la patronal dieron lugar, tras largos meses de forcejeo, a un acuerdo que supone un fuerte cambio de tendencia en la política salarial seguida en los pasados años; frente a la devaluación salarial impuesta en la crisis hemos pactado incrementos salariales superiores a las previsiones de inflación, en la lógica de una progresiva recuperación del poder adquisitivo perdido, y hemos hecho hincapié en los salarios más bajos, regulando un salario mínimo de convenio de 1000 euros al mes por 14 pagas.
El cierre de estas negociaciones vino a coincidir con la moción de censura que propició el cambio de Gobierno, cambio que ha supuesto un notable incremento de las expectativas para todas las personas que exigíamos una salida justa de la crisis.
En efecto, con el nuevo Gobierno hemos podido retomar el diálogo social y abordar temas de notable enjundia que, de materializarse, supondrían un fuerte revés a la reforma laboral y a la reforma de las pensiones impuestas por el PP.

Avanzamos en la recuperación de derechos

Tras varios meses de negociación, hemos logrado avanzar en la recuperación de derechos, desde que el Gobierno acepte recuperar las prestaciones para parados de más de 52 años, hasta conseguir un amplio acuerdo en torno al plan de empleo juvenil; consensuar una posición que deja en papel mojado alguno de los aspectos más lesivos de la reforma laboral como son: la continuidad de los convenios mientras éstos no sean sustituidos por otros (ultraactividad); terminar con la prevalencia del convenio de empresa sobre el de ámbito sectorial (que permite bajar salarios injustificadamente); la garantía de aplicación del convenio colectivo en los casos de externalización productiva o subcontratación; un sistema de control de jornada que debe ser clave para atajar la utilización fraudulenta del contrato a tiempo parcial y se ha dado un paso importante para recuperar el contrato de relevo, al introducirlo en la industria manufacturera, aunque ambas organizaciones reclamamos implantarlo con carácter universal en todos los sectores.

En el caso de las pensiones, estamos en disposición de llegar a un acuerdo sobre la revalorización de las mismas según el IPC, así como el compromiso de revisar la fórmula por la que se regula el factor de sostenibilidad para romper el automatismo entre incremento de la esperanza de vida y caída de la cuantía de la pensión. Ambas cuestiones, junto a medidas que refuercen los ingresos a la Seguridad Social para corregir el déficit de 1,5% de PIB que se le imputa, supondrían dejar sin efectos la reforma de 2013; abrir una nueva lógica para garantizar la suficiencia futura del sistema basada en el incremento de los ingresos, y no el recorte de las pensiones; y lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad española sobre el presente y futuro de nuestro Sistema Público de Pensiones.
De este somero balance del diálogo social en estos meses de gobierno, expresamos nuestro malestar porque no se hayan reunido las mesas de negociación sobre salud laboral e igualdad y exigimos su convocatoria urgente.

La patronal debe cumplir sus compromisos y el Gobierno cerrar los acuerdos con UGT y CCOO
Pero todo lo que hemos avanzado en las mesas de negociación debe materializarse y hacerse efectivo con urgencia.

De la misma manera en que somos capaces de reconocer y valorar los avances conseguidos, también denunciamos las resistencias de las patronales a aplicar la nueva política salarial y en particular el salario mínimo de convenio. Igualmente denunciamos que el Gobierno se refugie en la delicada mayoría parlamentaria y en la falta de consenso con la patronal para no suscribir con CCOO y UGT los acuerdos que hemos conseguido en las mesas de negociación.
Por lo que respecta a la posición patronal entendemos la heterogeneidad de la misma a la hora de plasmar el IV ANC, igual que somos conscientes de que no van a apoyar cambios en la reforma laboral cuando la reforma del PP estaba hecha a su medida. Pero la patronal está obligada a aplicar la política salarial pactada con UGT y CCOO y no tiene ninguna autoridad moral para exigir derecho de veto en el diálogo social cuando en el pasado se han desentendido de los acuerdos alcanzados en ese marco, simplemente porque les era más favorable la acción de gobierno, como sucedió con la anterior reforma.
Ambos sindicatos somos conscientes de la situación política por la que atraviesa el país y de la debilidad parlamentaria del Gobierno actual, pero también lo somos de que ni una cosa ni otra puede suponer que no se suscriba un acuerdo entre Gobierno y sindicatos que obliga a llevar acabo cambios sustanciales en los derechos sociales y laborales, independientemente de la vía legislativa que se elija para su materialización.

El eje del debate debe ser social

Consideramos que existe una pluralidad de grupos políticos en el Congreso de los Diputados que comparten los cambios en materia de legislación laboral y de pensiones. Tendría muy difícil explicación, para quienes avalaron la moción de censura que llevó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, sostener las reformas de la austeridad que están generando desigualdad y un modelo de salida de la crisis injusto, de crecimiento sin distribución.
Las cuestiones sociales deben volver a ocupar el centro del debate social y político, evitando que las controversias territoriales e identitarias oculten la gravedad de la situación social y obstaculicen la toma de decisiones que son necesarias y urgentes. En otro caso las mayorías electorales van a acabar por definirse por disputas donde las fuerzas progresistas juegan en terrenos que hegemonizan otros.

Se inicia un proceso de movilizaciones

Hoy, 8 de enero, CCOO y UGT iniciamos un proceso de movilización que culminará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una jornada de lucha y de huelga en la que confluiremos con el movimiento feminista en la exigencia de mayor determinación, valentía y recursos para hacer frente a las brechas de género y a la violencia contra las mujeres.
Este proceso de movilización se llevará a cabo en tres frentes: el de la negociación colectiva, especialmente en aquellos sectores donde todavía no es una realidad los 1.000 euros al mes y en los que mayor brecha de género se registra; el del diálogo social, con el Gobierno respecto a derechos y reformas laboral y de las pensiones; y en el de la igualdad, sabiendo que la lucha contra las brechas de desigualdad se libra todos los días.
La movilización empezará con la celebración de asambleas en los centros de trabajo, tendrá un punto de inflexión el 8 de febrero en un gran acto sindical unitario en el que reuniremos a 10.000 sindicalistas de ambas formaciones y culminará el 8 de marzo, en el marco de una jornada de lucha y movilización social más amplía, con la convocatoria de dos horas de paro por turno, contemplando la posibilidad de que algunos sectores, por sus particularidades y reivindicaciones, puedan hacerla de 24 horas.
CCOO y UGT hemos demostrado sobradamente nuestra disposición al diálogo y la concertación, ahora es el momento de que las contrapartes, patronal y Gobierno, actúen en consecuencia y unos apliquen los acuerdos alcanzados y otro se comprometa a materializar lo que hemos cerrado en las mesas de negociación, de lo contrario la movilización que ahora iniciamos crecerá en intensidad y se prolongará en el tiempo.

COMUNICADO 19.01.08 DECLARACION CONJUNTA