La próxima reforma de pensiones deberá decidir el rumbo de nuestro sistema público de pensiones; transformándolo en un modelo asistencial de subsistencia, donde el Estado garantizará una pensión mínima fomentando el ahorro privado, como alternativa al actual sistema público; o reformar el actual sistema público de pensiones en base a sus principios básicos haciéndolo sostenible.

El actual sistema de pensiones es el principal mecanismo para la distribución de rentas en el país, ayudando a mejorar la cohesión social y territorial, aparte de haberse convertido en el principal, cuando no la única, fuente de ingresos de la mayoría de los ciudadanos que han finalizado su vida laboral, y que no debemos olvidar que están siendo fundamentales para sustentar la economía de los hogares en este periodo de crisis. Mensualmente en España se pagan un total de 9,5 millones de pensiones, por un valor de 8.700 millones de euros (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dato a 1 agosto 2017), donde la pensión media mensual se encuentra en torno a los 922 euros (Cantabria 987 euros), y donde la pensión máxima permitida alcanza la cifra de 2.573,70 euros/mes.

Una vez más, vuelven a fomentarse los malos augurios sobre el sistema público de la Seguridad Social; son los mismos que, durante las últimas décadas, presagiaban la quiebra del sistema público español, orientándonos hacia la imperiosa necesidad de complementar el mismo con planes privados de pensiones. Los mismos que han sido rescatados con dinero público y que han generado la pérdida de 85.000 puestos de trabajo y un coste total de 77.000 millones de euros, de los cuales hemos recuperado 4.000 millones y se podrían llegar a la cantidad de 12.200 millones (datos del Banco de España), a pesar de que el Gobierno nos dijo que el rescate no costará ni un euro a los españoles, menos mal.

Es evidente, que lo que pretenden es conseguir algún día la gestión de los fondos del sistema público, lo que supondría miles de millones para sus arcas a  la hora de salvar y asegurar sus cuentas de resultados durante décadas y, por ello, cada vez que surge la oportunidad, nos envían mensajes con la insana pretensión de generar desconfianza en el sistema público y dudas en los ciudadanos.

Las últimas reformas del sistema público de la seguridad social han ido dirigidas básicamente a reducir la cuantía de la prestación y paralelamente han supuesto la expulsión de un número importante de ciudadanos del sistema contributivo, penalizando fundamentalmente los jóvenes y mujeres, sin olvidarnos la carga que se viene realizando sobre los jubilados donde el ajuste del gasto ha congelado prácticamente las pensiones de forma indefinida. La dirección de las reformas no debe ir orientadas  exclusivamente a la variable del gasto, debemos afrontar y contemplar reformas dirigidas a los ingresos valorando, entre otros, aspectos como:

a)      Simplificación de regímenes: se debe tender a la existencia de dos únicos regímenes, uno de trabajadores por cuenta propia y otro de trabajadores por cuenta ajena. En la actualidad, el grado de solidaridad y equidad obliga a unos regímenes a realizar un esfuerzo mayor que otros y eso debe desaparecer, al objeto de aproximar cotizaciones y prestaciones.

b)      Incremento de los salarios: se debe incrementar los salarios y en concreto el SMI, la propia ministra Báñez aboga por la subida salarial, aunque recientemente el ministro de Economía pide priorizar la creación de empleo sobre los salarios. El interés actual de Luis de Guindos no es otro que mantener la reforma laboral con bajos salarios, profundizando en la precariedad laboral para continuar maquillando las estadísticas del paro, pero con alto precio para los ciudadanos (en algún momento tendrán que pensar en rescatar a los ciudadanos).El incremento de la productividad debe llevar parejo el incremento de los salarios (mayor contribución a la seguridad social), y no sólo y de forma exponencial, el incremento de las rentas de capital. La clave está en actuar en el mercado de trabajo reduciendo la temporalidad y la actual precariedad (la ya citada subida del SMI, modificar las últimas reformas laborales que lejos de crear empleo de calidad lo han destruido, y algo fundamental revertir la actual reforma de la negociación colectiva).

Los costes laborales reales por trabajador (incluidas cotizaciones sociales), según INE, han caído de 2007 a 2016 un 2,6%, frente a las rentas empresariales que se elevan.

c)   Mantenimiento de las cotizaciones: en situaciones de crisis, como la que estamos atravesando, no se puede plantear la disminución de cotizaciones de los empresarios y trabajadores, ya que esto sí que pondría en peligro el futuro de la financiación del sistema público. Además, debemos evitar cargar a cotizaciones los gastos de administración y funcionamiento al igual que otras prestaciones públicas. No debemos olvidar que, en España, los costes laborales medios por trabajador son inferiores a la media comunitaria y el gasto en pensiones, con respecto al P.I.B., continúa siendo inferior a la media europea.

d)      Economía sumergida: la crisis, fundamentalmente, junto a las reformas laborales han fomentado el incremento de la economía sumergida, uno de los últimos datos del estudio realizado por el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la cifra en 253.000 millones de euros (entorno al 24% del PIB), con una pérdida de recaudación de 73.000 millones. Este esfuerzo básicamente lo debe realizar la Administración, cierto que se han realizado algunos pasos en la reducción, pero las diferentes normativas laborales aprobadas por el ejecutivo no ayudan a acabar con estas prácticas. Es fundamental realizar más esfuerzos en atajar este fraude, ya que supondría aportar más recursos al sistema público y, en consecuencia, mejores prestaciones para los beneficiarios.

e)      Reforma fiscal: Entiendo que es necesario abordar una futura reforma fiscal, al objeto de potenciar la financiación del sistema público. Tendría que valorarse la posibilidad, a través del estado, la gestión de fondos complementarios donde se pudiesen hacer aportaciones por parte de los trabajadores para su futura pensión. ¿Por qué no continuar haciendo aportaciones a través de un sistema público sobradamente contrastado desde principios del siglo XX, y no fuera como se pretende?

Igualmente, sería necesario garantizar el propio sistema en épocas de crisis, como la actual, con financiación presupuestaria, todo ello con cargo al fondo de reserva en épocas de superávit. La evolución del fondo de reserva desde el año 2000 (604 millones de euros), llego a la cifra de 66.815 millones de euros en el año 2011. Durante el pasado año las disposiciones del fondo alcanzaron los 20.136 millones, reduciéndose el fondo hasta los 15.020 millones a 31 de diciembre de 2016.No se debe realizar un uso excesivo e indebido como en estos últimos cinco años, sin adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema.

f)        Edad de jubilación: no es necesario aumentarla, lo que se debe conseguir es eliminar errores legislativos que, en nombre de la mejora del mercado de trabajo están reduciendo las rentas del trabajo, incrementando la desigualdad y fomentando la economía sumergida. No debemos olvidar que el ejecutivo alemán que tomó la decisión de incrementar la edad de jubilación a los 67 años, a los pocos meses la modifico bajándola nuevamente a los 65 años, pero al resto de la zona europea se la impuso. Uno de los centros de investigación económica más importantes de Estados Unidos (Economic Policy Institute),en un estudio sobre el retraso de la edad de jubilación en los sistemas de pensiones públicos, concluye que esta medida tiene un impacto mucho menor que otras medidas que tienen más influencia, como son las que se centran en el capítulo de los ingresos. La política pública desarrollada por los diferentes gobiernos de los EEUU, en estas últimas décadas, han reducido los ingresos del sistema público, debido a que generaron una excesiva polarización de los salarios. Las rentas de capital se han visto incrementadas frente a las rentas del trabajo, fomentando los sistemas de pensiones privados.

Los últimos datos del 2017 nos señalan que la edad media de jubilación es de 64,2 años, lo que supone un mes más con respecto al año anterior, así como en los años precedentes (2014 y 2015). Este dato nos indica que, aunque la edad legal se incrementó la real no ha variado apenas. Existen sectores que es prácticamente imposible prolongar su edad de jubilación debido a las condiciones laborales a las que están sujetas.

Es fundamental que el diseño de la futura reforma se realice en el seno del Pacto de Toledo, este pacto fue el fruto del compromiso de todas las fuerzas parlamentarias que, al margen de sus intereses partidistas, llegaron a este acuerdo porque entendieron que estaban ante una cuestión de estado y, de esta forma, garantizarían la sostenibilidad de uno de los instrumentos fundamentales para la cohesión social en nuestro país. El consenso de los grupos políticos junto a los agentes económicos y sociales debe de ser uno de los principales factores de sostenibilidad del sistema. El consenso junto con la transparencia en la información es esencial si queremos que nuestro sistema público continúe siendo de la confianza de la mayoría de los ciudadanos.

La realidad es que estamos ante un debate ideológico y de interés, donde a nadie se le puede olvidar el mandato constitucional en el que los poderes públicos vienen obligados a mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (arts. 41 y 50 de la CE).

Los ciudadanos no debemos olvidar el esfuerzo que se ha realizado por generaciones pasadas para alcanzar las cotas de bienestar dirigidas a mantener un sistema público, frente a los intereses de obtener un beneficio unos pocos, a costa de la sociedad en su conjunto. Nos toca actuar con responsabilidad para que las generaciones futuras puedan continuar disfrutando de un sistema público sostenible, solidario y equitativo a la hora del reparto de rentas. Conseguir esto es labor de todos.

SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES 17

                                   Pedro Cobo García

                                                                       Representante de U.G.T. en la Comisión Ejecutiva

                                                                       Del INSS y la Tesorería en Cantabria