La importancia de la normativa de contratación pública ha llevado  a analizar con detalle el anteproyecto de la nueva ley de contratos del sector público.

Al margen de valorar positivamente alguna de las novedades recogidas en el mismo, en particular, la transposición de la Directiva 2014/24/UE sobre la exigencia de respeto de los convenios colectivos en la ejecución de los contratos públicos, entiende que hay determinados aspectos que, respetando las exigencias de la transposición, pudieran incorporarse al texto y mejorar el marco normativo de la contratación pública de servicios de seguridad privada, sobre el debido cumplimiento de las obligaciones laborales de los contratistas y subcontratistas.

Desde el sector de Seguridad Privada  de FES-UGT en Cantabria estamos viendo que en el día a día multitud de empresas están incumpliendo sistemáticamente con sus obligaciones tributarias, con fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Empresas que entran en concurso de acreedores y  que los trabajadores sufren las   consecuencias de impago de salarios, empresas que aun estando bajo el paraguas del Convenio Estatal, sus trabajadores no perciben los salarios como debieran, con jornadas de trabajo  que nada tiene que ver con lo estipulado en sus Convenios Colectivos, superando las 12 horas de trabajo diario en muchos de los casos.

Desde la FES-UGT venimos denunciando sistemáticamente estas prácticas devastadoras para los trabajadores y sin duda para el sector, sangría que se da en todo el territorio Nacional, y que afectan a muchísimos trabajadores que realizan su trabajo para una gran mayoría de Administraciones Publicas, Locales y Estatales. Dándose la paradoja que las empresas defraudadoras  que incumple con la Administraciones Publicas, se  beneficia de la adjudicación  de contratos de trabajo con estas, situación que debiera eliminarse de forma inmediata.

Difícilmente puede entenderse que los servicios de seguridad privada pueden asumir su papel complementario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que les atribuye el legislador, si la adjudicación se basa exclusiva o casi exclusivamente en el criterio de la oferta económica más barata.

Por todo esto FeS UGT ha propuesto una Disposición Adicional: «En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, la determinación de la oferta económica más ventajosa implicará considerar una pluralidad de criterios de adjudicación, debiendo primar los criterios cualitativos a los que alude el artículo 145.3, siempre debidamente objetivados, sobre el criterio del precio. «

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